Cuando el Estado peruano no había concluido las investigaciones del asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca Tecse, ocurrido el 18 de diciembre de 1992, sin agotar las investigaciones en sede nacional, años después, el 23 de octubre de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) había llegado a la conclusión de que el Perú era responsable del crimen en perjuicio del citado sindicalista de la central CGTP, de orientación comunista.
De acuerdo a los avances de las indagaciones de los órganos jurisdiccionales, había unanimidad de criterios de que los asesinos eran de la banda de Sendero Luminoso de Abimael Guzmán Reinoso, esto porque la policía antiterrorista había hecho su trabajo y tenía bajo detención al comando de aniquilamiento, siendo uno de ellos reconocido por la misma esposa del finado, la señora Martha Flores Gutiérrez.
¿Qué es lo que cambió la unanimidad de criterios en torno a la autoría del crimen?
Nada menos que una llamada del general EP Rodolfo Robles, que se hizo famoso por denunciar al grupo paramilitar Colina, con apoyo de la ONG IDL, informando a la viuda de Huilca de la existencia de unos testimonios que habían aparecido sobre el hecho de que los autores que “realmente habían sido los que habían cometido el crimen de mi esposo, eran miembros del SIN (sic)”, recuerda Flores Gutiérrez.
Esta participación de Robles cambió la historia, tanto que la CIDH resume que este militar en retiro exhibió “una carta fechada el 22 de abril de 1994 en la cual el exagente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Mesmer Carles Talledo, condenado a cadena perpetua por el delito de traición a la patria, afirma que el homicidio de Pedro Huilca Tecse fue ejecutado por el grupo paramilitar Colina”, señala en la demanda contra el Perú ante dicha entidad supranacional.
Y otra carta del mismo autor ratifica lo anterior y aduce como móvil político “las actividades de Pedro Huilca Tecse relativas a la realización de paros nacionales para el año 1993” contra el fujimorismo en el poder.
Para tener una idea clara de quién era Carles Talledo se debe considerar que un mes antes del crimen que nos ocupa, la Dirección Contra el Terrorismo (Dincote) capturó al alto mando de Sendero Luminoso, Martha Huatay, quien guardaba documentos sobre la infiltración terrorista en la Dirección de Inteligencia del Ejército a través de un agente llamado “El Centinela”, que era nada menos que Carles Talledo.
Este sujeto había sido reclutado por Clemente Alayo, militar como Carles, siendo ambos procesados y condenados a cadena perpetua por traición a la patria y confinados en las frías celdas de la cárcel de Yanamayo en Puno.
Tentáculos de Robles
Hasta allí llegaron los tentáculos de Robles para conseguir esa incriminación, la misma que fue reforzada para la defensa de la familia Huilca por el entonces congresista Jorge del Castillo, quien viajó a Yanamayo para grabar la denuncia y entregarla a una subcomisión investigadora del Congreso, presidida por el congresista y exdirigente de Construcción Civil y de la CGTP José Luis Risco Montalbán.
Tal fue la presión mediática para dejar de lado la responsabilidad de los terroristas confesos en el periodo terminal de la era Fujimori que Carles Talledo fue amnistiado para evitar la prisión perpetua, arrastrando en su colaboracionismo premial a Clemente Alayo.
Lo demás es historia conocida, como lcuando entró en varias contradicciones ante la fiscal María Alba López, la jueza Victoria Sánchez Espinoza y en la misma subcomisión investigadora presidida por Risco.
En la larga lista de incriminados por los dos traidores a la patria obviamente que estaban el general Rivero Lazo, quien fuera jefe de Inteligencia del Ejército, Martín Rivas, Antonio Pretell Dámaso, a quien uno de ellos lo sindica como el asesino, además de los técnicos Wilmer Yarlequé, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Sosa, Nelson Carbajal García y personal femenino.
Pero más de uno de estos presuntos matarifes negó su participación y así lo declararon incluso ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y obvio que no les creyeron.
Estaba en Tacna
Por razones de espacio solo vamos a poner el ejemplo de Chuqui Aguirre quien señaló en el diario Correo: “Al ser capturado fui obligado a prestar declaraciones que no corresponden a la verdad, en donde se me indujo a que incrimine falsamente a una serie de personas sobre actos o acusaciones que nunca cometieron” (…) “Fui obligado a hacer estas imputaciones para obtener beneficios en la Ley de Colaboración Eficaz”, agregó.
Y en su manifestación a la CVR, en junio de 2003, añadió:
“Desconozco que el grupo Colina o Inteligencia haya asesinado a Pedro Huilca Tecse”.
Reiteró esta versión el 3 de julio de 2003 ante los congresistas Javier Diez Canseco, Heriberto Benítez y Ernesto Herrera, miembros de una Comisión Investigadora congresal “no conozco la muerte de Pedro Huilca, yo en esa época me encontraba en Tacna cuando yo me entero”.
Sorprendentemente a pesar de estas declaraciones de Chuqui Aguirre sobre su desconocimiento respecto a la participación del Grupo Colina en el asesinato de Pedro Huilca, en la demanda ante la CIDH de este caso aparece en la página 47 como testigo a favor de la familia Huilca, nos lo recuerda el investigador del caso, Frank Keskleich.
A confesión de parte…
Un sector de la opinión puede señalar que a los “colinas” no se les puede creer ni un ápice. Entonces vayamos a los mismos senderistas, sobre la base del dicho jurídico a confesión de parte, relevo de pruebas.
Y es que en la primera edición de “El Diario”, después de la muerte de Huilca, dicho vocero senderista reivindicó dicho “ajusticiamiento”. “¿Contundente golpe al revisionismo y a la reacción!”, señala el texto principal, que en portada también es resaltado dicho golpe contra Huilca como un logro del “ejército popular de liberación”.
“La ejecución del vendeobreros Huilca –realizada por un contingente del Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista del Perú, que jefatura el querido y respetado Presidente Gonzalo– cumplió las exigencias y demandas de la clase obrera, en especial de las bases de Construcción Civil, quienes han sufrido en carne propia las traiciones de este verdugo revisionista”, señala la nota abridora de la página 3 del panfleto.
Remata la nota con esta sentencia: “Solo el pueblo juzga y sanciona a sus verdugos y genocidas”.
El terrorista Óscar Ramírez Durand, camarada “Feliciano”, jefe del Comité Regional del Huallaga, el 15 de julio de 2003 declaró ante en el Congreso que el caso de Huilca era tratado por Abimael Guzmán como el de un “agente de la reacción” que filmaba a sus camaradas en las movilizaciones para entregarlos a la policía, por lo que se había convertido en un enemigo del pueblo, en “un esquirol, en un vendeobreros”, por lo que se supone era “un blanco” a batir.
Pruebas hay hasta en la citada Comisión de la Verdad. Frank Keskleich se refiere a varios, entre ellos al preso por terrorismo de código 100054, que el 20 de diciembre de 2021 aceptó que Sendero Luminoso asesinó a Huilca, pero añadió que fue un “tremendo error”. Huilca, quiérase o no ha tenido “cierta ascendencia entre obreros”, tanto que hoy es “mártir”.
Si esto es así, según este personaje, a Sendero Luminoso le “conviene cogerse” de lo dicho por el general Robles. Incluso señala que la oposición a Fujimori estaba por tomar como “caballito de batalla a Huilca”, por lo que este reo está seguro en un 90% que los autores del crimen fueron los senderistas.
De los documentos de la Dincote mejor ni hablar. Este diario publicó en forma amplia sus investigaciones. Incluso la policía anticorrupción coincidió con las conclusiones de la policía antiterrorista conocidas en 1993, donde le daban la autoría del asesinato a Sendero Luminoso, señalando después que la viuda de Huilca alteraba significativamente sus declaraciones y denuncias, lo que le restaba credibilidad a sus versiones.
Se allanaron ante la CIDH
Entre 1996 y 1997 las versiones de la legendaria Dincote y las investigaciones sufrieron un giro radical. Todo lo avanzado fue puesto en la congeladora, sobre todo desde que un 4 de junio de 1997 la CIDH había recibido la demanda presentada por la esposa del finado, Martha Flores Gutiérrez, a través de su abogado Aurelio Pastor Valdivieso, responsabilizando al grupo paramilitar Colina (ligado al cabecilla corruptor Vladimiro Montesinos) de la muerte de su consorte.
El corolario es el siguiente: el 12 de marzo de 2004 la CIDH presentó la demanda ante la Corte IDH. Ese mismo año el gobierno de Alejandro Toledo -sin que haya concluido la investigación- se allanó completamente a la demanda, reconociendo su responsabilidad en el crimen y la obligación de una reparación civil a la familia de Huilca de 250 mil dólares, repartida entre toda la familia, entre otras obligaciones.
Ahora que la Cuarta Sala Penal Nacional de Delitos de Crimen Organizado empieza poner la cosas en su sitio, ¿devolverá la familia, en especial la excongresista Indira Huilca, lo cobrado en forma indebida (Plinio Esquinarila / EXPRESO)
